EL TRIBUNAL SUPREMO RESUELVE LA
EXENCION DE LA PRESTACION POR
MATERNIDAD

El
pasado 3 de octubre, la sección segunda del Tribunal supremo, en
su sentencia 1462/2018, resolvió el recurso de
casación, interpuesto por la
abogacía del Estado, para dilucidar si la prestación de maternidad satisfecha por la Seguridad
Social, se puede acoger a la exención que el artículo 7.h), de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (Vigente hasta el 01 de Enero de 2007), donde se
establece que dichas prestaciones por maternidad,
serán deducibles cuando proceden de las comunidades autónomas o entidades locales, a lo que se puso el Abogado
del Estado, por entender que se trata de una prestación con origen en la
excedencia laboral dirigida a compensar la pérdida de ingresos directos al
tener suspendido pero no extinguido el contrato de trabajo en esta situación,
el fundamento sería la conciliación de la vida profesional y laboral. Y además sostiene,
que en materia de exenciones no cabe analogía según el artículo 14 de la LOT.

En el fundamento quinto de la
sentencia recurrida, se trata de
determinar si la prestación por maternidad a cargo del INSS percibida por la
recurrente en 2013 está exenta por ser de aplicación el artículo, 7.h) de la
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. A tenor de este artículo están exentos: “Las prestaciones
familiares reguladas en el Capítulo IX del Título II del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
11/1994, de 20 de junio, y las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a
favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo
trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.

La resolución recurrida del Tribunal
Económico Administrativo Regional de Madrid considera textualmente que “En el caso examinado, la prestación
que percibe la contribuyente no está incluida entre las contempladas por el
precepto invocado, en la medida en que no se trata de prestaciones por
nacimiento de hijo, sino por maternidad. Por lo tanto, tales rentas quedan
sujetas al Impuesto, debiendo calificarse como rendimientos del trabajo…
“.

En la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que introdujo la
mencionada exención en la Ley 40/1998 del IRPF y trasladó al RD Legislativo 3/2004, de 5 de
marzo, por el
que
se aprueba el texto refundido de
la Ley del IRPF.

El Legislador, en su exposición de
motivos, incluye el siguiente literal, En el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, en primer lugar, se establece la exención de las prestaciones públicas
percibidas por nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo, entre las que
se incluyen las prestaciones económicas por nacimiento de hijo y por parto múltiple previstas
en el Real Decreto Ley 11/2000, de
14 de enero”.

El
Tribunal Supremo indica en su sentencia que: “se desprende que la exención que se establece
comprende la prestación de maternidad y no sólo las de nacimiento,
parto múltiple, adopción e
hijo a cargo, pues se refiere
expresamente a la prestación por maternidad y no parece pretender que su alcance se limite a las concedidas por las comunidades autónomas o entidades locales, sino que trata de establecer la exención de todas las prestaciones por
maternidad, sin
distinción del
órgano público del que se perciban, lo que conduce a estimar que el párrafo cuarto del artículo 7 letra h de la ley del IRPF trata de extender el alcance del tercer
párrafo a las percibidas de las comunidades autónomas o
entidades locales”.

Ello,
porque la interpretación que realiza la AEAT de la regulación legal no es
acertada, ya que se queda en el párrafo cuarto para denegar la exención
pretendida de la prestación por maternidad, sin tener en cuenta la redacción
del tercer párrafo

Tenemos
que traer a colación el argumento esgrimido por la AEAT, en el sentido de que
en la legislación tributaria, las leyes no se interpretan, sino que hay que
entenderlas en el propio sentido de las palabras, por lo que en el párrafo
tercero, el tribunal entiende que, además de las que corren a cargo de la
Seguridad Social, entre las que cabe

incardinar las prestaciones por maternidad, están
exentas las que por el mismo concepto se reconozcan por las Comunidades Autónomas
y Entidades Locales, pues en otro caso la partícula “también” sería inútil, y
podría dar lugar a entender que el legislador ha querido exclusivamente
declarar exentas éstas últimas y excluir las estatales”.

Finalmente, resaltamos de la Sentencia
que “del tenor del artículo 177 de la
Ley General de la Seguridad Social, “el Supremo recuerda que se consideran situaciones protegidas la maternidad, la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento
familiar, de conformidad con el Código Civil o las
leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen.”

Finalmente,
la sentencia entiende las siguientes motivaciones:

1.
Por no tener en cuenta que
la prestación por maternidad discutida procede del INSS estando regulada en un
Capítulo y Título del TRLSS distinto del indicado en el párrafo primero del
artículo 7 h) de la LIRPF.

2.
Por extender indebidamente
la exención del párrafo cuarto del artículo 7 h) de la LIRPF citado, referente
a las prestaciones públicas por maternidad de origen autonómico o local al
ámbito estatal donde dichas prestaciones tienen un distinto tratamiento en
ejercicio de la libertad de configuración que ostenta el Legislador estatal.

3.
Por desconocer la
interpretación finalista del precepto, dado que la prestación de maternidad satisfecha
por la Seguridad Social tiene la función de sustituir a la retribución normal
(no exenta en el IRPF) que obtendría la contribuyente por su trabajo habitual y
que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso.

¿Qué pude hacer el contribuyente afectado?

Deben iniciar un procediendo tributario de rectificación de autoliquidación,
relativos a los
ejercicios
no
prescritos, es
decir, de 2014 a
2017, por el que se realizará la devolución de las cantidades pagadas de más,
junto a los intereses que puedan corresponderle.